¿Cuáles son los alimentos que seguirán sin IVA en 2024 y los que tendrán un 5%?

El Consejo de Ministros aprobó hoy un nuevo decreto que extiende la reducción del IVA para varios productos esenciales de la canasta básica hasta junio, como parte de un paquete de medidas para contrarrestar los impactos de la guerra en Ucrania y la creciente inflación. Aunque se mantiene el descuento en el 5% del IVA para el gas y la electricidad, otras reducciones fiscales siguen pendientes de confirmación.

Un análisis realizado por EsadeEcPol reveló que la disminución del IVA en los alimentos básicos, implementada desde el 1 de enero y ahora prorrogada, benefició sorprendentemente a los segmentos de ingresos más altos durante el primer trimestre de 2023. En este período, las familias con ingresos más altos ahorraron aproximadamente 21 euros en sus compras, en comparación con los 9 euros de ahorro para las familias de ingresos más bajos.

De acuerdo con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura, ciertos alimentos de primera necesidad seguirán exentos de IVA en 2024, manteniéndose en un 0%. Estos incluyen leche, pan, huevos, queso, legumbres, verduras y harina. Además, otros alimentos tendrán un IVA reducido del 5%, como aceite y pasta, mientras que carnes, pescados y conservas mantendrán un IVA del 10%.

Facua, la asociación de consumidores, considera positiva la prórroga de varias medidas del ‘escudo social’, pero critica la insuficiencia de la reducción del IVA en los alimentos. La asociación aboga por una intervención más enérgica por parte del Estado, sugiriendo medidas como la imposición de precios máximos y una reforma profunda del sistema energético. Facua destaca que la rebaja del IVA no ha impedido el continuo aumento de precios durante el último año, evidenciando la falta de control gubernamental sobre las empresas para evitar márgenes de beneficio injustificados. En este contexto, Facua reitera que la única medida verdaderamente efectiva para controlar los precios es la intervención estatal y la fijación de precios máximos, facultades contempladas en la Ley de Comercio de 1996.

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